Desarrollo y calidad del Sector Público en España y Europa, 2021.
ACTUALIZACIONES DE OTRAS ENTRADAS DEL BLOG DE ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2021. al final de esta Entrada 87.
ENTRADA 87 DE ESTE BLOG, AÑO 2021
INFORME DE ESPAÑA Y EUROPA 2021: Salarios, productividad, indicadores de calidad del gobierno y satisfacción ciudadana
La revista de investigación económica RSES, dedicada a los estudios económicos regionales y sectoriales de Europa, América y otras áreas, ha publicado en el Volumen 21-1 del año 2021 un interesante artículo, de la Profesora María-Carmen Guisán, Catedrática de universidad en el área de Economía Aplicada, que ha sido directora de 3 revistas de investigación económica incluidas en la prestigiosa base SCOPUS, y una de las autoras más destacadas por número de lectores en la base internacional Ideas-Repec:
Guisán, M.C. (2021). Informe De España Y Europa 2021: Salarios, Productividad, Calidad Del Sector Público Y Satisfacción Ciudadana, Regional and Sectoral Economic Studies, Volumen 21-1. Disponible en Español y en Inglés.
Desarrollo económico, salario real y productividad en 2000-2021
El informe presenta datos y gráficos comparativos de la evolución de los salarios, la productividad, la tasa de empleo y la producción por habitante en España en comparación con otros países de la Unión Europea y con los Estados Unidos. Destaca que España ha disminuído su producción real industrial por habitante en el período 2000-2021, al tiempo que ha estancado su productividad real media por trabajador y su salario real medio. Las soluciones requieren, entre otras acciones, un apoyo decidido a la recuperación de la producción real industrial por habitante, lo que tendrá un efecto positivo sobre los demás sectores productivos, tanto a nivel de producción por habitante, como de tasa de empleo y de aumento del salario real y la productividad real media.
Gráfico. Coste salarial medio real de España y Alemania, 1960-2020
(miles de Dólares anuales por trabajador, a precios del año 2000)
Nota: Incluye salario bruto y cotizaciones por trabajador asalariado. Fuente: Elaborado por M.C. Guisán, el 1-4-2022, con datos de la OCDE, en la Entrada 87 del Blog https://economiaydesarrollo-eeg.blogspot.com
El informe incluye el porcentaje de variación de la Producción real por habitante, en el período 2015-2019 y en 2020 en los países de la UE-27. España tuvo una tasa anual de crecimiento de 2.22% en el período 2015-2019 (algo superior a las de Alemania y Francia) y una variación de -11.23% en 2020 respecto a 2019, lo que supone una mayor disminución que en Francia (-8.05%) y Alemania (-4.74). El descenso del turismo internacional, con gran impacto en la economía española, es una de las causas principales de ese mayor descenso. Lo importante es que la sociedad española, y sus dirigentes políticos tengan actitudes positivas para aprender de la experiencia de estancamiento de productividad y salarios del período 1995-2020 e impulsen la recuperación industrial, la inversión en I+D, los exceso de la hiperburocracia paralizante y otras medidas necesarias para la calidad del vida y el desarrollo económico.
Calidad del Sector Público, Voz Ciudadana y Satisfacción Ciudadana.
En el caso de España, el informe analiza también las circunstancias de ineficacia política y déficit democrático que provocan una mala gestión en importantes funciones del sector público, un estancamiento de productividad y salario, y un nivel creciente de insatisfacción ciudadana. Algunos de los indicadores que se destacan son.
1) Indice QoG (Quality of Government): Charron y Lapuente(2019) han publicado
indicadores de calidad del Gobierno en 28 países europeos en el año 2013, con un índice
que oscila entre -2.5 para los casos más negativos y 2.5 para los casos más positivos. España
se sitúa en el puesto 19, con un valor del índice de -0.325, que en una escala de 0 a 10
equivale a 4.35 puntos. Las primeras posiciones correspondieron a Finlandia, Suecia y
Dinamarca. Finlandia obtuvo una puntuación del Índice de 1.446, que en una escala de 0 a 10 equivale
a 7.89 puntos.
2) Encuesta de AEVAL: Una interesante encuesta realizada por la agencia estatal AEVAL (en colaboración con el CIS) en el año 2007 pone de manifiesto la importancia que la calidad del sector público tiene para la calidad de vida de los ciudadanos:
"En esa encuesta el 76.7% de los ciudadanos
consideran que en una puntuación de 1 a 10, la importancia de los servicios públicos tienen
una calificación igual a superior a 7. Además el 35% de los ciudadanos, que es casi la mitad
de ese 77%, le da una importancia máxima (con calificaciones de 9 y 10 puntos)."
En una puntuación de 0 a 10 puntos (donde es la peor calificación y 10 la mejor), la media de los ciudadanos, para calificar a la Administración Pública española ha sido:
Confianza frente a No Confianza (4.77),
Flexibilidad frente a Rigidez (4.42),
Claridad frente a Opacidad (4.45),
Participativa frente a No participativa (4.84),
Preocupada por el servicio frente a Despreocupada (5.09),
Rapidez frente a Lentitud (3.89),
Eficacia frente a Ineficacia (5.33).
Los aspectos más positivos son la preocupación de los funcionarios por atender el servicio y ser eficaces, y los más negativos son la lentitud, rigidez y opacidad. Hay servicios públicos muy bien valorados y otros que provocan mucha insatisfacción ciudadana. En el Anexo del artículo se incluye más información.
3) Encuesta Social Europea (ESS): muestra que la puntuación que los españoles dan a la calidad de su democracia es menor que la media de la UE. En el Indicador de "Voz de los Ciudadanos y Transparencia del Gobierno" (Voice and Accountability en las base de datos WGI del Banco Mundial, de los prestigiosos economistas Kaufman y Kravis) España pasó de 1,76 puntos (en el intervalo -2.5 a 2.5) en el año 2000 a 0,89 en el año 2020, mientras los países más avanzados de Europa, como Suiza alcanzaron un valor de 2.02 en el año 2020. En escala de 10 puntos el valor de España pasó de 8.52 en el año 2000 a 6,78 en el año 2020, mientras que Suiza en 2020 tuvo un valor de 9.04 en la escala de 10 puntos.
4) Demandas ciudadanas para mejora del sector público; Muchos ciudadanos españoles comprueban que las promesas de "democracia y conciliación social" con las que se elaboró la Constitución Española de 1978, no se han cumplido en la medida esperada, por algunos errores importantes como la rigidez del sistema electoral, que ha llevado a conceder a minorías extremistas un gran poder de decisión para determinar el Gobierno cuando los partidos principales no consiguen mayoría absoluta. En ese caso hubiera sido mucho mejor permitir que los ciudadanos, en segunda vuelta, pudiesen decidir quien gobierna: más democrático y más eficaz para un gobierno al servicio del conjunto de la sociedad. Entre las demandas ciudadanas más importantes para mejorar el Sector Público, apoyadas por expertos en Derecho, Economía, Ciencia Política y otros experto, son las siguientes:
4.1) Mejora del sistema electoral: Es conveniente cambiar la dinámica de confrontación de los partidos políticos españoles por dinámicas de mayor cooperación, diálogo, calidad y eficacia. Para ello es importante analizar las consecuencias de la rigidez del sistema electoral. En la Entrada 72 de este Blog hemos incluido varias lecturas interesantes sobre este tema. Lo más importante de la reforma es favorecer que la voz de los ciudadanos tenga más poder de decisión que los pactos entre cúpulas de partidos. La segunda vuelta, como en Francia, podría ser una opción para España mejor que el sistema rígido actual. Una mejora del sistema electoral influye positivamente en la mejora de los gestores de la Administración Pública, pues en general tienen una cadena de mando muy directa con los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico. Los países con mejores sistemas electorales tienen mejores indicadores de Voz de los Ciudadanos y de Calidad del Sector Público.
4.2) Mejora fiscal, en la normativa tributaria (evitando abusos anticonstitucionales y normas confiscatorias) y en la gestión fiscal, con menos prepotencia y más atención al contribuyente.
En el Anexo 1, del Informe 2021, se citan algunas demandas ciudadanas importantes para la mejora de los servicios públicos. Entre ellas destacamos las peticiones de mejora de la normativa y métodos de gestión fiscal, pues ocasionan muchos problemas a los ciudadanos y una litigiosidad excesiva que podría ser evitada con una administración más clara y amistosa con los ciudadanos que desean cumplir con sus obligaciones fiscales.
Normas fiscales confiscatorias e inconstitucionales: La normativa debe abandonar los intentos de cobros excesivos inconstitucionales, como los de la normativa del IRPF del año 1978 de exceso de imposición a las parejas casadas frente a las no casadas, derogada tras las Sentencias del Tribunal Constitucional de (1988 y 1989). Tras un período de mantenimiento de demasiado largo (10 años), en el año 1988 el Tribunal Constitucional, por fin dió una respuesta positiva al Recurso de Amparo, presentada por el ciudadano español Jesús García Gombau, un auténtico héroe español, como reseña el artículo de Javier Martín del Barrio en El País en 1988.
Legislación del IRPF 1978-1988. La Sentencia del Tribunal Constitucional de España de 1989 derogó la Ley de 1978, al declararla inconstitucional que las parejas casadas tuvieran que pagar mucho más que las no casadas en el impuesto IRPF, pero no reconoció el derecho de reparación a los contribuyentes afectados. Entonces se publicó que eran un 13% de los contribuyentes y que tuvieron que aportar el 85% de la recaudación del impuesto de la Renta de las personas físicas. Lamentablemente la Sentencia no obligaba al Estado a devolver las cantidades detraidas anticonstitucionalmente por esa norma. Hubiera sido deseable alguna compensación para las víctimas de esa norma anticonstitucional.
Plusvalía Municipal. Otra norma fiscal que presentan problemas de inconstitucionalidad en España, es la de Plusvalía Municipal por incremento del valor de los terrenos (derogada recientemente en 2021 y en discusión pública por la normativa sustituta). En la norma derogada no se calculaba bien la plusvalía real, y se hacían pagar plusvalías en situaciones de minusvalía (terreros que habían perdido valor real e incluso valor monetario).
Problemas de la Ley 26/2014 del IRPF, en el período 2015-2021: Esta ley es considerada por muchos como confiscatoria (ya que no se basa en rendimientos sino en gravar la propiedad disminuyendo la capacidad de ahorro e inversión de las familias). Esa Ley comenzó a aplicarse en 2015 y todavía no ha sido derogada por el Tribunal Constitucional. Tiene dos problemas importantes: 1) Aplica un cargo por plusvalía en la transmisión de viviendas, que es un "impuesto a la inflación" ya que no considera la "plusvalía real" sino la "plusvalía monetaria". 2) Crea desigualdad de trato entre contribuyentes al aplicar la eliminación de "coeficientes de actualización" no desde el año 2015 sino hacia el pasado, para los años anteriores a 2015. Así si dos ciudadanos adquirieron una vivienda en el año 2000 por 100 mil Euros y la vendieron por 120 mil Euros (uno en el año 2014 y otro en el año 2015), los dos recibirían un tratamiento fiscal distinto, mientras al primero se le reconocería una minusvalía al segundo se le consideraría la plusvalía monetaria total, pues no le aplicarían los coeficientes que estaban vigentes hasta 2014. Si el coeficiente de actualización de 2014 para los bienes adquiridos en el año 2000 fuese por ejemplo 1,4, la minusvalía del primer contribuyente sería 120-140= -20, mientras que al segundo contribuyente se le aplicaría una plusvalía monetaria de 120-100=20. Este problema de efecto retroactivo se podría haber evitado dejando vigentes el coeficiente de actualización de 2014 para todas las ventas posteriores a dicho año, aunque no se actualizase en años sucesivos. Hemos buscado artículos de prensa que, en su día, hubieran advertido a los lectores de los perjuicios de cambios perjudiciales en la legislación del IRPF y hemos encontrado muy pocos artículos. Respecto a los acuerdos de la Comisión que elaboró las bases para la inadecuada Ley 26/2014, hay un artículo interesante de Manuel Llamas (Licenciado en Ciencia Política) que fue publicado en Libremercado el 26-3-2014.
Un artículo de 15-4 2021, sobre los problemas de la Ley 26/2014, en Expansión:
Quejas y sugerencias en la memoria del CDC. Hay poca transparencia en las memorias que publica el Consejo de la agencia tributaria (se llama Consejo de Defensa del Contribuyente (CDC) pero no tiene suficiente representación de defensores del contribuyente ajenos a la Agencia). En la Memoria de 2018 presentan el Cuadro 11 con muy escasa información: Dicen que hubo 7700 quejas, de las que 2369 fueron "comunes", 1830 "de asistencia", 1707 "de información" y las demás por otras causas. No especifican si las quejas fueron porque las normas no estaban claras, se aplicaron multas a contribuyentes que actuaron de buena fe (sin ocultación, ni negligencia ni falta de diligencia debida), hubo prepotencia por parte de la Agencia, etc. Ese cuadro no aporta ninguna información relevante para saber por qué se quejan los contribuyentes. Un indicador del descontento de los contribuyentes con la gestión de la Agencia es la gran litigiosidad que provoca su actitud de falta de apoyo y de exceso de sanciones a los contribuyentes.
La Defensora del Pueblo en 2015 defendió a contribuyentes indefensos ante prepotencia de la Agencia tributaria: Una indefensión ciudadana denunciada ante la institución del Defensor del Pueblo sobre la declaración unilateral de la Agencia sobre la vivienda habitual de los contribuyentes, negando el reconocimiento aún en caso de estar empadronados, residir todos los días del año en dicha vivienda y pagar los gastos de mantenimiento (agua, luz, etc.). Dijo la Defensora, Soledad Becerril, en el Informe de 2015:
"Desde esta institución, se ha solicitado en varias ocasiones, sin resultado, que se concrete los medios de prueba que los ciudadanos pueden aportar para acreditar que una vivienda tiene la condición de habitual... Ante la postura de la Agencia se ha iniciado una actuación de oficio con la Secretaría de Estado de Hacienda, para que se establezcan dichos criterios de tal forma que que la decisión no quede al arbitrio del personal de la Agencia".
Nota: Han pasado 6 años desde esta petición de la institución del Defensor del Pueblo, y la Secretaría de Estado de Hacienda no ha resuelto el problema. Los contribuyentes siguen indefensos.
Elevada litigiosidad fiscal en España. Propuestas para disminuirla: El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, publicó en el año 2014 un interesante estudio del Doctor Luis Manuel Alonso González (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UB), titulado "Propuestas para disminuir la litigiosidad fiscal en España, a la luz del Derecho comparado". La Vanguardia ofrece un resumen y el documento está accesible en la base bibliográfica de investigación científica Dialnet. Dice La Vanguardia: "Dicho informe expone que en España casi se han duplicado las reclamaciones económico-administrativas desde el inicio de la crisis en 2007 hasta más de 223.000 en 2013, y que el 40% de los casos acaban dando la razón total o parcialmente al ciudadano"...""El sistema actual no es eficaz ni justo, no funciona y es proclive a la conflictividad" porque se basa en sanciones sin espacios de negociación, ha resumido (Alonso), ---"
Código del Contribuyente Europeo. Un interesante proyecto de la Unión Europea, incluye la eliminación de prepotencia en la gestión tributaria, pero en España, todavía no hemos alcanzado ese nivel de apoyo al contribuyente. Dice la Unión Europea: "El presente Código del contribuyente europeo establece un conjunto de principios que recopilan los principales derechos y obligaciones que regulan las relaciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias en Europa... Se trata de un documento no vinculante y debe considerarse como un modelo al que los Estados miembros pueden añadir elementos, o adaptarlos, para satisfacer las necesidades o los contextos nacionales". En España lamentablemente estamos muy lejos de alcanzar los objetivos de respeto a los derechos de los contribuyentes que aconseja la UE.
Otras lecturas interesantes:
Ruiz-Huerta y varios autores (2011). Tendencias de reforma fiscal: hacia una fiscalidad europea. Fundación Alternativas. Documento 62.
Mayoral, J.A. y Martínez i Coma, F. (2013). La calidad de la Justicia en España. Fundación Alternativas Documento 76.
Plaza Morales, María (2019). El Tribunal Constitucional y el Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén. TFG.
AEDAF(2021). La tragicomedia del impuesto municipal sobre la plusvalía. Expansión 14-7-2021. Asociación Española de Asesores Fiscales.
OCDE (2015). Government at a glance.
Entre los firmantes de
la declaración están Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal
Constitucional, y los catedráticos José María Martín Delgado,
Juan Martín Queralt, José Manuel Tejerizo, Fernando Pérez-Royo o Matías Cortés,
autor, hace 50 años, del primer manual de Derecho Tributario español. En la declaración de 18-5-2018 señalan:
"Parece que el afán recaudatorio se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales. Lo que debe ser una función pública que tiene como fin hacer efectiva la tributación de todos de acuerdo con la Constitución y las leyes, se lleva a cabo atendiendo de manera preferente a normas reglamentarias e instrucciones internas que, más veces de las deseables, solo están pensadas para allegar más recursos al Erario público, pero no necesariamente para hacerlo de forma más justa".
Esta Declaración ha sido reseñada en la prensa: Artículo de Carlos Sánchez en El Confidencial, artículo de Intereconomía, artículo de Ramón Ramos en El Mundo, y otros.
La lista de firmantes y acceso al documento aquí.
Blog de "El Periódico" sobre el despotismo de la gestión fiscal en España: artículo que recuerda las luchas sobre el tratamiento fiscal de los Derechos de Autor de varios escritores y artistas, como Antonio Fraguas (Forges) y Javier Reverte, redactado por el escritor Ricardo Gómez. Incluye comentarios sobre "despotismo informático", "despotismo lingüístico", "despotismo administrativo" y "despotismo económico". Recordando el sufrimiento de Fragua y de Reverte señala: "Trataron de que Hacienda
permitiera la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la percepción de
sus derechos de autor, algo que en el resto de Europa se considera evidente
pero que en España se limitó por la inveterada obstrucción y el castigo a la
cultura. Tras años de pleitos, acabaron ganando. Puedo imaginar sus
preocupaciones, sus insomnios, sus decepciones, los gastos de procuradores y
abogados a los que tuvieron que hacer frente durante casi un lustro contra las
amenazas de Hacienda"
Corrupción en sentido amplio y calidad de vida: "El Informe de España y Europa 2021", de M.C. Guisán(2021) señala, además, que el análisis de la calidad de las actuaciones públicas, en fiscalidad y en otros temas, es importante para disminuir la corrupción política y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La corrupción visible en los medios de comunicación (sobornos, fraudes fiscales por parte de políticos, etc.) es muy limitada, y supone un coste por habitante y un daño moral mucho menor que las consecuencias negativas de una corrupción más amplia (injusticias fiscales, retrasos excesivos en la Administración de Justicia o en otros servicios públicos, derroche de recursos públicos destinados a actividades inútiles para los ciudadanos, etc.). La mejora del Sector Público es esencial para impulsar la cohesión social, el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos españoles.
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Actualización de otras Entradas de este Blog en 2021 en la Entrada 88.
Actualización de Noviembre de 2021. Hemos actualizado la Entrada 80 con datos del IPI de España en el 3º trimestre de 2021, en comparación con el mismo trimestre de 2019 y 2020 y la Entrada 85 con datos de Empleo en España en el 3º Trimestre de 2021.
La primera parte del Informe Hispalink-Galicia sobre Economía Española en 2021 se ha publicado en la Entrada 85 de este Blog.
